El actual Estado español es una continuación del
Estado fascista de Franco, eso sí, convenientemente remozado para seguir
cumpliendo sus funciones de instrumento represivo de la gran burguesía
española. Esa maniobra de adecuación del antiguo aparato estatal burgués al
entorno político europeo, cambiando simplemente las formas fascistas de
dominación por las democrático-parlamentarias, aunque manteniendo la dominación
capitalista, es lo que se conoce como el “régimen del 78”, legalizado y legitimado
por la actual constitución española.
Tanto en el periodo franquista como en la época
actual, la contradicción principal fue y sigue siendo la que enfrenta a la clase
obrera y a las masas trabajadoras de los distintos territorios, pueblos y
naciones que configuran el Estado español con la gran burguesía, que es la
clase que realmente detenta el poder económico y político. Ello,
independientemente de que Euskal Herria o Catalunya puedan constituir marcos
autónomos (que no independientes) de la lucha de clases.
Es cierto que la “democracia” española no es
plenamente equiparable a la mayoría de los regímenes democrático-parlamentarios
de la Europa occidental. Pero, también lo es que entre todos ellos existen
similitudes y diferencias. Que todos ellos tienen distintos “grados” o niveles
de libertad y/o de tolerancia política, aunque también hay que decir que en la
mayoría de las democracias burguesas está teniendo lugar una progresiva
limitación de los derechos y libertades democráticas, dando paso a lo que se ha
venido en llamar “democracias autoritarias” o “dictaduras constitucionales” [1].
Y todo ello con el pretexto de la “amenaza terrorista”.
Pero el hecho de que ocurra esto, no puede
llevarnos a desenfocar nuestra visión de
la realidad social y política, a perder de vista cual es la contradicción
principal en la sociedad capitalista, a confundirla con una de las varias
contradicciones secundarias (derivadas de ella) que, indudablemente se
resolverán una vez que se haya resuelto la contradicción principal. Si no tenemos
claro cuál es la contradicción principal, difícilmente podremos elaborar una
estrategia correcta dirigida a resolverla, a superarla.
El marxismo-leninismo nos enseña a profundizar en el
estudio para conocer la realidad. Sólo así estaremos en condiciones de poder
transformarla en un sentido revolucionario. Y ello nos obliga a tomar en
consideración tanto la forma como el contenido de las cosas y tanto su apariencia como su esencia.
En ese sentido, hemos de decir con toda claridad que
la democracia parlamentaria es la forma que, en determinadas condiciones,
adopta la dictadura de la burguesía; y que, en el caso concreto del llamado
“régimen del 78”,
la democracia autoritaria (limitada o restringida) que existe en el Estado
español es la forma jurídico-política que responde a la existencia de una base económica
débil, con un escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y que
ocupa una posición subordinada en el conjunto del bloque imperialista
occidental (UE/EEUU).
En estas condiciones, la clase dominante, la gran burguesía
española, tiene que hacer cada vez mayores esfuerzos por mantener cohesionado
un Estado que se basa en la unión forzosa de todos los pueblos y naciones que
hasta ahora lo conforman, porque la “unidad territorial” es el ámbito en el que
tiene lugar el proceso de acumulación capitalista y la condición imprescindible
para que éste continúe desarrollándose.
De ahí que no debamos dejarnos guiar sólo por las
apariencias, que no debamos desviar la dirección de nuestra lucha hacia
objetivos que, aunque puedan parecernos relativamente importantes, no por ello
dejan de ser secundarios en la lucha revolucionaria por el socialismo. Por
ello, debemos centrarnos en la contradicción principal y hacer todo lo posible por superarla.
NOTAS
1.- En general, en la mayoría de los Estados
burgueses de la Europa occidental, este proceso de creciente restricción de la
democracia tiene unos rasgos relativamente similares: Reforzamiento de los
cuerpos represivos, promulgación de leyes de excepción, centralización de la
toma de decisiones, aumento del peso del ejecutivo sobre el parlamento,
judicialización de la actividad política, control de los medios de comunicación
por grandes grupos financieros, etc., etc.
